Cuando en octubre, 2006 advertí desde este espacio de blogs (La Unión Que No Llega) el evidente distanciamiento del rumbo trazado en el pase de la C.E.E. (Tratado de Paris-1951, Tratado de Roma – 1957) a la Unión Europea (Acta Única Europea – 1986), creo que recogía el temor de muchos de los convencidos europeístas, como yo, de que los líderes europeos habían escorado la nave en una navegación a la deriva.
Los cimientos pretendidos con el paso más importante jamás dado por los entonces 12 Estados Miembros aquel 7 de febrero de 1992 en Maastricht (ampliado a 15 en 1995) sentaban las bases de una constitución fundacional de los elementos de convergencia no sólo en lo económico sino relevantemente en lo político. Por primera vez, se establecen dos sistemas oficiales de cooperación intergubernamental – Política Exterior y Asuntos de Interior & Justicia – que hoy son parte intrínseca de la Unión de los actuales 27 Estados Miembros.
Hemos repetido hasta la saciedad que ya en 1992 se aplazó una consideración de la Europa Social a escala global, con los consecuentes efectos de desunión en criterios a lo largo de los últimos tres lustros. Ello no ha evitado, aunque con reticencias, que se alcanzaran importantes logros en lo social hasta el punto que la Unión Europea ha significado un baluarte de derechos sociales a escala internacional, muy por delante de EE. UU. y Japón.
Sin embargo el otro día, de un plumazo y con cierta alevosía la Comisión Europea capitaneó la aprobación de una directiva que podría dar un serio revés a lo logrado en el camino hacia la unión de esa Europa única social. El consentimiento a una antigua aspiración británica de flexibilizar el horario de la jornada laboral con un evidente desprecio del papel de los agentes sociales en aportar criterio aunado para lograr mayor sintonía laboral entre los Estados Miembros es un golpe bajo a la integración social y
laboral de las distintas sociedades que constituyen la Europa de los 27.
Caso de que la pretensión británica que ha encontrado el apoyo de los líderes conservadores de Alemania, Francia e Italia supere la votación en el Parlamento Europeo, se habrá abierto una seria vía de agua en la tocada línea de flotación de la Unión.
Es más, desde otra isla en la frontera más occidental de la Unión Europea, Irlanda, con su “NO” al Tratado de Lisboa ha agravado la situación, con una evidente crisis en una nave que se inunda en cuestión de horas.
Vuelvo a plantearme la pregunta que ya hice en mi blog de octubre, 2006 – ¿Verdaderamente queremos una Unión Europea?
En esta última década y ya adentrándonos en el Nuevo Milenio, los líderes europeos, los propios funcionarios de la Unión, los agentes sociales encargado de temas laborales y hasta los empresarios con peso en las decisiones de políticas de actualidad como son lo energético y el medioambiente no parecen tomar una única conciencia hacia donde se debe dirigir el esfuerzo común para alcanzar el objetivo de una unión de los Estados Miembros y sus 400 M de ciudadanos.
Desde el encuentro que desembocó el Tratado de Niza (diciembre, 2000) hasta el último intento de entendimiento que dio luz al Tratado de Lisboa ( octubre, 2007), la Unión Europea ha tenido que sufrir importantes conflictos y cuestionamientos de la pretendida Constitución Europea, que acabó sigilosamente enterrada.
A fecha de hoy y en el crepúsculo de una presidencia eslovena debilitada por los socios más solventes que ha copado el protagonismo, la Unión Europea ha vuelto a entrar en crisis. Esta vez y siento tener que reconocerlo, por primera vez en dos décadas, estimo que puede ser una dolencia operacional mucho más seria de lo que quieren atribuirle los más optimistas.
Como ciudadano europeo y español, debo empezar a cuestionarme si los procedimientos en vigor en lo que los políticos europeos han venido alardeando de ejercicio de democracia desde que tengo uso de razón verdaderamente contiene las salvaguardas mínimas imprescindibles para que como ciudadano de un Estado Miembro de la Unión Europea, otro Estado Miembro, sus políticos y/o partidos políticos en el poder, puedan con sus presiones o chantajes privarme de mi libertad en el ejercicio de derechos sociales y laborales.
Cada vez que una crisis se ha generado en el seno de la Unión Europea por rechazos en
un Estado Miembros, como es el caso más reciente de Irlanda y los antecedentes de Francia y Países Bajos, observo la fuerte influencia de tendencias políticas más extremas, ya sean de derechas o izquierdas. Esta situación es preocupante sobre todo porque ese mismo peso que puedan tener fuerzas políticas más extremistas en esos Estados Miembros, apenas tienen peso en otros estados como pudiera ser España.
Por lo tanto, no me parece justo y bastante desproporcionado que Irlanda con solamente 4 M de habitantes, el 1 % de la actual población de la Unión Europea, en un referéndum a la cual sólo han acudido el 51% de los votantes censados y arrojando un escaso margen (60%) a favor del “NO”, tenga suficiente fuerza para desbaratar con su negativa la aprobación de otros Estados Miembros (17) que han ido aceptando el Tratado de Lisboa en los últimos meses.
España que ya aprobó la defenestrada Constitución europea en 2004 y aporta el más del 10 % del censo de la Unión ve como una Irlanda que se ha enriquecido gracias a las cesiones españolas en la distribución de los Fondos de cohesión, hoy se convierte nuevamente en isla aislada y da la espalda a los vecinos a través del Canal de la Mancha que le auparon a su nivel actual de prosperidad, consolidación y relevancia.
En breve serán convocados los líderes de los Estados Miembros para cerrar el semestre esloveno para pasar el relevo a Francia hasta diciembre del año en curso. Será en esta etapa en la cual habrá que decidir que plan alternativo se vaya a aplicar a la negativa irlandesa. Precisamente la complicación viene por la doble vertiente del problema, que en ningún momento debe desvincularse.
El respaldo francés a la directiva de las 60 horas laborales y la práctica defenestración de los agentes sociales en las negociaciones entre contratantes y empleados pondrán en tela de juicio cualquier actuación del estado galo o de su mediático Presidente en la intermediación entre los otros Estados Miembros. Francia no parte precisamente como mediador objetivo en la resolución de las vías de agua que inundan la sala de máquinas de la malherida Unión Europea, ni puede abogar una defensa de la postura única consensuada cuando ha permitido crear una isla social al antojo anglosajón y la conveniencia de la gran empresa europea.
Hoy por hoy, los partidos políticos europeos no tienen diferencias tan notables en el área de lo económico como se puede comprobar en los trazados de las distintas políticas establecidas en Estados Miembros con gobiernos de izquierdas o derechas. Sin embargo, son notorias las discrepancias cuando de asuntos sociales y laborales se trata. Por eso en nuestro libro – Los Retos Laborales del Nuevo Milenio – expusimos esas rotundas diferencias que vienen condicionando la problemática real del rendimiento competitivo y la calidad de vida integral del trabajador en el proceso de productividad.
La Unión Europea sigue adoleciendo, y cada vez en situación más grave, de una seria política social que sea capaz de hacer frente a los problemas acuciantes del Siglo XXI, aquellos que van más allá de lo meramente político y económico. Una Europa compuesta por islas insolidarias que solamente visualicen las propias conveniencias acabará quebrantándose con pérdida de los valiosos logros alcanzados, para meramente ser otra inepta agrupación político-económica de intereses creados.
¿Es eso lo que desean aquellos líderes que hoy viven a expensas de la Unión Europea?
Si tienen algún sentido de la responsabilidad ética del legado de Monet, Schuman y Adenauer, este semestre pudiera bien ser su última oportunidad de mostrar su empeño en crear la Unión Europea con cual llevamos aspirando y por cual varias generaciones de serios profesionales nos hemos dejado la piel.
Fernando Fuster-Fabra Fdz.
Consultor en Asuntos Europeos desde 1988
Los cimientos pretendidos con el paso más importante jamás dado por los entonces 12 Estados Miembros aquel 7 de febrero de 1992 en Maastricht (ampliado a 15 en 1995) sentaban las bases de una constitución fundacional de los elementos de convergencia no sólo en lo económico sino relevantemente en lo político. Por primera vez, se establecen dos sistemas oficiales de cooperación intergubernamental – Política Exterior y Asuntos de Interior & Justicia – que hoy son parte intrínseca de la Unión de los actuales 27 Estados Miembros.
Hemos repetido hasta la saciedad que ya en 1992 se aplazó una consideración de la Europa Social a escala global, con los consecuentes efectos de desunión en criterios a lo largo de los últimos tres lustros. Ello no ha evitado, aunque con reticencias, que se alcanzaran importantes logros en lo social hasta el punto que la Unión Europea ha significado un baluarte de derechos sociales a escala internacional, muy por delante de EE. UU. y Japón.
Sin embargo el otro día, de un plumazo y con cierta alevosía la Comisión Europea capitaneó la aprobación de una directiva que podría dar un serio revés a lo logrado en el camino hacia la unión de esa Europa única social. El consentimiento a una antigua aspiración británica de flexibilizar el horario de la jornada laboral con un evidente desprecio del papel de los agentes sociales en aportar criterio aunado para lograr mayor sintonía laboral entre los Estados Miembros es un golpe bajo a la integración social y
laboral de las distintas sociedades que constituyen la Europa de los 27.Caso de que la pretensión británica que ha encontrado el apoyo de los líderes conservadores de Alemania, Francia e Italia supere la votación en el Parlamento Europeo, se habrá abierto una seria vía de agua en la tocada línea de flotación de la Unión.
Es más, desde otra isla en la frontera más occidental de la Unión Europea, Irlanda, con su “NO” al Tratado de Lisboa ha agravado la situación, con una evidente crisis en una nave que se inunda en cuestión de horas.
Vuelvo a plantearme la pregunta que ya hice en mi blog de octubre, 2006 – ¿Verdaderamente queremos una Unión Europea?
En esta última década y ya adentrándonos en el Nuevo Milenio, los líderes europeos, los propios funcionarios de la Unión, los agentes sociales encargado de temas laborales y hasta los empresarios con peso en las decisiones de políticas de actualidad como son lo energético y el medioambiente no parecen tomar una única conciencia hacia donde se debe dirigir el esfuerzo común para alcanzar el objetivo de una unión de los Estados Miembros y sus 400 M de ciudadanos.
Desde el encuentro que desembocó el Tratado de Niza (diciembre, 2000) hasta el último intento de entendimiento que dio luz al Tratado de Lisboa ( octubre, 2007), la Unión Europea ha tenido que sufrir importantes conflictos y cuestionamientos de la pretendida Constitución Europea, que acabó sigilosamente enterrada.
A fecha de hoy y en el crepúsculo de una presidencia eslovena debilitada por los socios más solventes que ha copado el protagonismo, la Unión Europea ha vuelto a entrar en crisis. Esta vez y siento tener que reconocerlo, por primera vez en dos décadas, estimo que puede ser una dolencia operacional mucho más seria de lo que quieren atribuirle los más optimistas.
Como ciudadano europeo y español, debo empezar a cuestionarme si los procedimientos en vigor en lo que los políticos europeos han venido alardeando de ejercicio de democracia desde que tengo uso de razón verdaderamente contiene las salvaguardas mínimas imprescindibles para que como ciudadano de un Estado Miembro de la Unión Europea, otro Estado Miembro, sus políticos y/o partidos políticos en el poder, puedan con sus presiones o chantajes privarme de mi libertad en el ejercicio de derechos sociales y laborales.
Cada vez que una crisis se ha generado en el seno de la Unión Europea por rechazos en
un Estado Miembros, como es el caso más reciente de Irlanda y los antecedentes de Francia y Países Bajos, observo la fuerte influencia de tendencias políticas más extremas, ya sean de derechas o izquierdas. Esta situación es preocupante sobre todo porque ese mismo peso que puedan tener fuerzas políticas más extremistas en esos Estados Miembros, apenas tienen peso en otros estados como pudiera ser España.Por lo tanto, no me parece justo y bastante desproporcionado que Irlanda con solamente 4 M de habitantes, el 1 % de la actual población de la Unión Europea, en un referéndum a la cual sólo han acudido el 51% de los votantes censados y arrojando un escaso margen (60%) a favor del “NO”, tenga suficiente fuerza para desbaratar con su negativa la aprobación de otros Estados Miembros (17) que han ido aceptando el Tratado de Lisboa en los últimos meses.
España que ya aprobó la defenestrada Constitución europea en 2004 y aporta el más del 10 % del censo de la Unión ve como una Irlanda que se ha enriquecido gracias a las cesiones españolas en la distribución de los Fondos de cohesión, hoy se convierte nuevamente en isla aislada y da la espalda a los vecinos a través del Canal de la Mancha que le auparon a su nivel actual de prosperidad, consolidación y relevancia.
En breve serán convocados los líderes de los Estados Miembros para cerrar el semestre esloveno para pasar el relevo a Francia hasta diciembre del año en curso. Será en esta etapa en la cual habrá que decidir que plan alternativo se vaya a aplicar a la negativa irlandesa. Precisamente la complicación viene por la doble vertiente del problema, que en ningún momento debe desvincularse.
El respaldo francés a la directiva de las 60 horas laborales y la práctica defenestración de los agentes sociales en las negociaciones entre contratantes y empleados pondrán en tela de juicio cualquier actuación del estado galo o de su mediático Presidente en la intermediación entre los otros Estados Miembros. Francia no parte precisamente como mediador objetivo en la resolución de las vías de agua que inundan la sala de máquinas de la malherida Unión Europea, ni puede abogar una defensa de la postura única consensuada cuando ha permitido crear una isla social al antojo anglosajón y la conveniencia de la gran empresa europea.
Hoy por hoy, los partidos políticos europeos no tienen diferencias tan notables en el área de lo económico como se puede comprobar en los trazados de las distintas políticas establecidas en Estados Miembros con gobiernos de izquierdas o derechas. Sin embargo, son notorias las discrepancias cuando de asuntos sociales y laborales se trata. Por eso en nuestro libro – Los Retos Laborales del Nuevo Milenio – expusimos esas rotundas diferencias que vienen condicionando la problemática real del rendimiento competitivo y la calidad de vida integral del trabajador en el proceso de productividad.La Unión Europea sigue adoleciendo, y cada vez en situación más grave, de una seria política social que sea capaz de hacer frente a los problemas acuciantes del Siglo XXI, aquellos que van más allá de lo meramente político y económico. Una Europa compuesta por islas insolidarias que solamente visualicen las propias conveniencias acabará quebrantándose con pérdida de los valiosos logros alcanzados, para meramente ser otra inepta agrupación político-económica de intereses creados.
¿Es eso lo que desean aquellos líderes que hoy viven a expensas de la Unión Europea?
Si tienen algún sentido de la responsabilidad ética del legado de Monet, Schuman y Adenauer, este semestre pudiera bien ser su última oportunidad de mostrar su empeño en crear la Unión Europea con cual llevamos aspirando y por cual varias generaciones de serios profesionales nos hemos dejado la piel.
Fernando Fuster-Fabra Fdz.
Consultor en Asuntos Europeos desde 1988
